Otarola & Prialé Abogados

Mes: junio 2020

Aprueban nuevo Protocolo sobre inspección de trabajo por COVID-19

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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, aprobó mediante Resolución de Superintendencia 0089-2020 el nuevo Protocolo sobre el ejercicio de la inspección de trabajo dentro del marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19. Este dispositivo actualiza los procedimientos en razón a la reanudación de actividades económicas en el país, dispuesta por el Decreto Supremo  080-2020-PCM y a las denominadas cuatro fases para su implementación.

En el caso de SUNAFIL, es la entidad que vigila el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Como se sabe, la inspección del trabajo es un instrumento técnico normativo que establece las reglas y disposiciones para el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo.

En la Directiva se contempla que la inspección de trabajo se realiza de manera presencial y/o virtual, a través de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, especialmente, para garantizar el cumplimiento de las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional dentro de los centros de trabajo que garantizan el acceso a bienes y servicios esenciales, así como las medidas de prevención, vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo, de conformidad con la “Fase de Reanudación de Actividades”, dispuesta por el Decreto Supremo 080-2020- PCM o Decreto Supremo 101-2020-PCM y sus normas modificatorias y complementarias.

Se prevé, igualmente, que los inspectores pueden ejercer sus funciones de manera virtual y presencial, esta última de manera restringida; para ello se privilegia su accionar fiscalizador, orientador y de asesoría técnica mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, tales como llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, grabación de videoconferencias, cartas, entre otros, a fin de evitar el contagio del COVID-19.

Las inspecciones priorizarán la  verificación de hechos sobre despidos arbitrarios, suspensión perfecta de labores prevista por el Decreto de Urgencia 038-2020, liquidación o pago de beneficios sociales -que podrían incluir los conceptos de gratificación, bonificación, CTS y vacaciones, de acuerdo al régimen laboral que corresponda-, pago de remuneraciones, verificación de la contratación de la póliza del seguro de vida en beneficio del trabajador, entre otras.

Mira la Directiva completa aquí:

https://drive.google.com/file/d/1ojiEO2aaamGNgGPQJGsawWOSQWhNkiEi/view

Autorizan operar a comercios en Gamarra, Mesa Redonda y Malvinas ¿Los malls también están autorizados?

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Mediante Resolución Ministerial 178-2020-PRODUCE el gobierno ha dispuesto el inicio gradual y progresivo de actividades económicas de los denominados “conglomerados productivos y/o comerciales” a nivel nacional. La norma precisa que estos comercios deben operar a puerta cerrada, pudiendo vender sus productos y prestar sus servicios a través de comercio electrónico y entregar sus productos a domicilio con logística propia o a través de terceros. Están exceptuados los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma del departamento de Áncash.

Sin embargo, la Resolución ha generado controversia debido al término “conglomerado productivo o comercial”, ya que este no suele aparecer en la nomenclatura oficial y su significado puede tener varias interpretaciones. El tema de fondo es si estamos ante una norma de carácter general, vale decir que se aplica a todos los negocios “conglomerados” o únicamente a las “micro” y pequeñas empresas. La norma no lo precisa.

Desde el punto de vista estrictamente técnico, el término “conglomerado” se refiere a un conjunto de compañías que pertenecen al mismo grupo empresarial y que se caracterizan por ofrecer una amplia gama de productos y servicios que son distribuidos a través de filiales. Visto de otro modo, un conglomerado es una organización empresarial que está conformada, a su vez, por distintas firmas. Estas pueden o no desarrollar negocios que estén relacionados entre sí.

La norma que comentamos se refiere a los conglomerados productivos y comerciales a nivel nacional. Si bien la referencia terminológica no es la más feliz, no hace distingo alguno en razón de la naturaleza de las actividades y por tanto está utilizando la definición amplia del concepto; con esto último quedan autorizadas a operar –para decirlo de algún modo- tanto Polvos Azules como el Jockey Plaza.

Ahora bien, existen condiciones para la operatividad.  La reanudación de las actividades se efectúa de manera automática, una vez que hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial 239-2020-MINSA y sus posteriores adecuaciones, y la normativa vigente. Tanto el Plan como el registro no resultan exigibles a las personas naturales.

¿Quieres cambiar el giro de tu negocio por el COVID-19? Aquí los aspectos legales

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La pandemia del COVID-19 ha generado una crisis económica de dimensiones, afectando todas las actividades comerciales, sin excepción y, con ello, la pérdida del empleo de miles de personas y un repliegue sin precedentes del mercado de producción y servicios. Cuando se constituye una empresa de manera obligatoria se tiene que especificar lo que se conoce como el giro del negocio, que es básicamente la actividad económica a la que se dedicará.

Es muy importante que el giro esté regulado por las municipalidades, que son quienes otorgan la licencia de funcionamiento; es esta autorización la que permite que el negocio pueda funcionar a cabalidad, bajo la fiscalización de los gobiernos locales que, además, se benefician con el pago de los tributos. Según la Ley  28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, esta última consiste en la autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas; pueden concederse licencias que incluyan más de un giro, siempre que sean afines o complementarios entre sí.

Sin embargo, el COVID-19 lo ha cambiado todo y ahora miles de empresas han decidido el cambio de giro de negocio; el cambio debe ser muy rápido para evitar la quiebra. Esta posibilidad ha sido regulada por el Decreto Supremo 020-2020-PRODUCE, a través del cual se amplían las actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la sola presentación de una declaración jurada; vale decir, para las actividades económicas listadas que deseen cambiar de giro, no se requerirá solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni tampoco una licencia de funcionamiento para cesionarios.

Para acceder a este beneficio ello basta que el titular de la licencia de funcionamiento presente previamente a la municipalidad una declaración jurada informando que se desarrollará dicha actividad. Sin embargo, las actividades deben cumplir con los siguientes requisitos:

 – No deben afectar las condiciones de seguridad

 – No pueden ser de riesgo alto ni muy alto

– Deben ocupar un área menor a la que ocupa el giro del negocio

– No deben alterar de manera estructural la infraestructura del establecimiento, ni el desarrollo del giro del negocio.

En el caso de edificaciones calificadas de un riesgo bajo o medio, la aprobación del giro es automática y el plazo máximo es de hasta dos días hábiles para emitir la licencia y su notificación. Para las edificaciones calificadas con riesgo alto y muy alto, hay una evaluación previa, ya que se requiere la realización de la inspección técnica de seguridad en edificaciones. El plazo máximo para la emisión de la licencia y su notificación es de hasta ocho días hábiles, desde la presentación de la solicitud.

OSIPTEL confirma multa a Telefónica por fallas en sistema de portabilidad numérica móvil y fija

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Desde el año 2014 opera el servicio de portabilidad numérica en el Perú y sin embargo el servicio y adaptación de las empresas operadoras ha sido muchas veces cuestionado por los usuarios. Como se sabe, esta modalidad permite al consumidor optar por un servicio más barato o con diferentes valores agregados; también permite cambiar de operador sin perder el número telefónico.

Es así que mediante Resolución 068-2018-GSF, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), impuso a Telefónica del Perú una medida cautelar para que esta empresa en el plazo de cinco días habilite y deshabilite de su red y asegure el correcto encaminamiento de las llamadas de todos los números portados. Asimismo dispuso que realice las adecuaciones pertinentes en sus sistemas comerciales para que se ejecuten todas las portabilidades programadas, y se asegure que los números portados han sido habilitados o deshabilitados de su red y que se ejecutaron las actividades que permiten el correcto encaminamiento de las llamadas.

Telefónica no cumplió con el segundo mandato y a consecuencia de esta supervisión OSIPTEL acaba de publicar la Resolución de Consejo Directivo 040-2020-CD, en la que analiza el recurso de apelación de la empresa, que alega la afectación a los principios de legalidad y tipicidad.

Sin embargo, OSIPTEL tiene plenas facultades para calificar la infracción en la que incurra la empresa operadora ante el incumplimiento de una medida cautelar impuesta; esta capacidad no afecta los principios de legalidad ni de tipicidad, toda vez que la lógica de que la determinación de la gravedad de una conducta se efectúe en cada caso en particular, es que se pondere el impacto de un posible incumplimiento en el bien jurídico protegido, así como los parámetros de lo que se ordene.

De otro lado OSIPTEL sostiene que los problemas que se presenten en el proceso de portabilidad repercuten en la determinación del abonado de portar o no su número telefónico; situación que podría desincentivar la concretización de la misma, y con ello afectar la competencia en el mercado. Por estas determinaciones se aplica la multa de 143.60 UIT (S/617,480.00),  al haberse verificado el incumplimiento del numeral ii del artículo 1 de la Medida Cautelar impuesta mediante Resolución 068-2018-GSF/OSIPTEL.

Poco a poco se normalizan los trámites: Tribunal Constitucional reactiva cómputo de plazos para procesos orgánicos.

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Mediante Resolución Administrativa 071-2020-P/TC el Tribunal Constitucional decidió reactivar a partir del 12 de junio de 2020 el cómputo de los plazos procesales exclusivamente en los procesos de inconstitucionalidad y competenciales.

Sin embargo, se mantiene la suspensión del cómputo de los plazos en los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento que se encuentren en conocimiento del Tribunal Constitucional, mientras duren el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio decretados por el gobierno nacional como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Los procesos de inconstitucionalidad y competenciales son conocidos como procesos orgánicos, ya que a través de ellos se ejerce el control constitucional respecto del sistema normativo y la estructura competencial del Estado peruano. Sobre la base de la eficacia y fuerza normativa de la Constitución, el Tribunal Constitucional analiza si una norma con rango de ley es compatible o no con la Constitución y, además, si las competencias de un organismo del Estado, en conflicto con otro, se encuentran arregladas a las disposiciones jerárquicas vigentes.

Por definición, una de las tareas centrales del Tribunal Constitucional es tutelar la constitucionalidad de los actos y las normas en un Estado social y democrático de derecho. Como lo señala el artículo 1 de su propia Ley Orgánica, este Colegiado «…se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica». De ello se desprende que, al ser el supremo intérprete de la Constitución, este alto tribunal debe propiciar en un máximo sentido que la Constitución sea cumplida en toda su plenitud y dimensión.

¿Quieres saber si estás habilitado para votar en las próximas elecciones generales de 2021?

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Con miras a las elecciones presidenciales y congresales del 2021, El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) acaba de publicar la Lista del Padrón Electoral Inicial, que contiene los datos de los ciudadanos hábiles para votar en dichos comicios. En estos datos figuran el nombre, la dirección, fotografía y grupo de votación.

Como se sabe, según lo regula la Ley 30673, el Padrón Electoral comprende a todas aquellas personas que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha de realización de la jornada electoral. Es por ello que del 8 al 12 de junio los ciudadanos en general podrán acceder a dicho Padrón, para la verificación de datos y corroboración de la información personal.

Verifica tus datos en el siguiente enlace:

https://apps.reniec.gob.pe/PLPI/login

Mayores de 30 años ahora pueden acceder virtualmente al Certificado Único Laboral. MTPE publica Reglamento

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El miércoles 10 de junio de 2020 ha sido publicado el Decreto Supremo 014-2020-MINTRA, Reglamento de Decreto Legislativo 1498, que otorga accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas Adultas ante el impacto del COVID-19.  Se trata de una importante norma, por la que se reúne en un solo documento virtual varias certificaciones personales y laborales, de cara a unificar y hacer más ágil la promoción del empleo para los adultos mayores de 30 años.

El objetivo es facilitar el acceso y/o reinserción de esta población al mercado laboral formal, mediante el otorgamiento, en un solo trámite, de toda la información requerida por los empleadores, generando en ellos confianza sobre la veracidad de dicha información, en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional declarada a consecuencia del COVID-19. Este certificado, que será centralizado y administrado por el Ministerio de Trabajo, es un documento que integra información a cargo del Estado, relevante para la contratación laboral.

¿Cuál será la información recogida en un único documento? La siguiente:

  • Datos de identidad, nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y número del DNI, información proporcionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
  • Antecedentes policiales, información proporcionada por el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú.
  • Antecedentes judiciales, información proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario.
  • Antecedentes penales, información proporcionada por el Poder Judicial.
  • Trayectoria educativa, respecto a formación universitaria, información oficial sobre grados y títulos, y nombre de las instituciones educativas, información proporcionada por la SUNEDU.
  • Trayectoria educativa, respecto a educación superior pedagógica, tecnológica y artística, la información oficial sobre grados y títulos, y nombre de las instituciones educativas, información proporcionada por el MINEDU y SUNEDU, según corresponda
  • Experiencia laboral, que tendrá información respecto del nombre de las entidades con las cuales haya tenido vínculo laboral formal y el periodo correspondiente, registrado en el Sistema de Planillas Electrónicas, información proporcionada por el MTPE.

El acceso para obtener el Certificado Único Laboral será a través del portal web del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción el Empleo (www.empleosperu.gob.pe).

¿Qué es el “estado de cosas inconstitucional” y cuántas veces el Tribunal Constitucional lo ha invocado?

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A propósito de la STC 05436-2014-PHC/TC emitida por el Tribunal Constitucional, en la que declara la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” (ECI) respecto del hacinamiento de los penales y las severas deficiencias de albergue, la calidad de su infraestructura, instalaciones sanitarias, salud, seguridad y servicios básicos a nivel nacional, es pertinente un breve comentario sobre esta figura procesal constitucional.

Cuando el TC resuelve que existe un ECI, ello significa que ha verificado la violación masiva de derechos fundamentales. En el caso que comentamos, se valió de una demanda individual de hábeas corpus para hacer una verdadera radiografía constitucional sobre la dramática situación de los penales. Ello ha llevado a que por ejemplo el TC advierta que, si hasta el 2025 el Estado no adopta las medidas suficientes para superar dicha situación, el INPE deberá disponer el cierre temporal de los establecimientos penitenciarios.

El ECI, en consecuencia, es una técnica que emplea el TC para avocarse a la tutela urgente de derechos de carácter masivo, que se vulneran reiteradamente, con patrones identificados y reiterados de afectación.

A lo largo de su historia, el TC ha declarado el ECI en los siguientes casos:

  • STC 02579-2003-HD/TC. Hábeas Data que brindó tutela masiva al derecho de acceso a la información personal.
  • STC 02445-2003-AA/TC. Acción de Amparo que favoreció la cobertura del tratamiento integral para pacientes con VIH/SIDA.
  • Auto 01722-2011-AA/TC. Acción de Amparo que se pronunció sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • STC 4007-2015-PCH/TC. Hábeas Corpus referido a la falta de diagnóstico y tratamiento de la salud mental de las personas internadas en establecimientos penitenciarios.
  • STC 02744-2015-PC/TC. Proceso de Amparo sobre las garantías formales y materiales a favor de los migrantes.
  • STC 0853-2015-PA/TC. Proceso de Amparo que tutela el derecho a la educación secundaria gratuita.
  • STC 05561-2007-PA/TC. Proceso de Amparo que se pronuncia sobre la presentación temeraria de amparos y el derecho a la pensión.
  • STC 03426-2008-PHC/TC. Proceso de Hábeas Corpus que tutela los derechos de las personas con enfermedades mentales.
  • STC 0017-2008-PI/TC. Proceso de Inconstitucionalidad que aborda el sistema educativo universitario.
  • STC  04539-2012-PA/TC. Proceso de Amparo que se pronuncia sobre la omisión de pago a los trabajadores de la sobretasa en días feriados nacionales.
  • STC 0889-2017-PA/TC. Proceso de Amparo sobre el derecho al uso del propio idioma ante cualquier autoridad.

Decreto Legislativo 1513: Dictan medidas extraordinarias para deshacinamiento de penales

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El jueves 4 de junio en horas de la noche fue publicado en edición extraordinaria del diario “El Peruano” el Decreto Legislativo 1513, por el que se establecen una serie de disposiciones extraordinarias destinadas a regular los supuestos de cesación de prisión preventiva, remisión condicional de pena, beneficios penitenciarios y de justicia penal juvenil; así como sus respectivos procedimientos especiales cuando corresponda, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19.

En resumen, son tres las posibilidades de acceder a estos beneficios:

  1. Cesación de prisión preventiva por mínima lesividad: La salida de la prisión es automática para aquellos internos que se encuentren en calidad de procesados, vale decir sin sentencia firma y que cumplan con los siguientes presupuestos de manera concurrente:
    • No cuenten con medida de prisión preventiva dictada en una investigación o proceso por cualquiera de delitos considerados graves. Son en total 99 delitos excluidos, además de los contemplados en el Decreto Ley 25475, el Decreto Legislativo 1106 (lavado de activos) y la Ley 30077 (crimen organizado).
    • No cuenten con otro mandato de prisión preventiva vigente por alguno de los delitos previstos en el punto anterior o con sentencia condenatoria con pena privativa de libertad efectiva vigente.

Si se cumplen estos supuestos, la prisión preventiva es reemplazada por la comparecencia restringida, imponiéndose en forma conjunta las siguientes restricciones:

  • Impedimento de salida del país y de la localidad donde domicilia el procesado, por el mismo plazo que faltaba para dar cumplimiento a la medida de prisión preventiva.
  • Obligación de reportarse manera virtual ante el juzgado competente una vez al mes.
  •  Asistir a toda citación realizada por el Ministerio Público o Poder Judicial.
  1. Revisión de oficio de la prisión preventiva: Los jueces de investigación preparatoria a nivel nacional, en un plazo de veinte días hábiles, revisan de oficio la necesidad de mantener la prisión preventiva en todos los procesos que tengan a su cargo y que no se encuentren en los supuestos de cesación regulados en el punto 1. El juez apreciará las siguientes herramientas de interpretación, además de las que ya están en el CPP:
    • Si el procesado cuenta con un plazo de prisión preventiva ampliada una o más veces, sin fecha programada y notificada para el inicio de juicio oral.
    • Si el procesado se encuentren dentro los grupos de riesgo al COVID-19, según las disposiciones del Ministerio de Salud, incluyendo madres internas con hijos.
    • El riesgo a la vida y la afectación a la salud de las internas e internos procesados, y el riesgo de contagio y propagación al COVID-19 al interior del penal.
    • Las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el Estado de Emergencia Nacional y Estado de Emergencia Sanitaria que disponen el aislamiento social obligatorio, inmovilización social obligatoria y cierre de fronteras.
  1. Solicitud del interno: Los procesados que no se encuentren en los supuestos anteriores también pueden solicitar la cesación de su prisión preventiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 del Código Procesal Penal, en cuyo caso, el juez competente valora los elementos de convicción listados en el punto 2.  

Tribunal Constitucional modifica Reglamento Normativo

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El Tribunal Constitucional ha dispuesto la modificación del artículo 12 de su Reglamento Normativo, el cual queda redactado del siguiente modo:

“El Presidente del Tribunal preside los Plenos administrativos y jurisdiccionales, así como las Audiencias Públicas de Pleno. Las Presidencias y conformación de las Salas son acordadas por el Pleno al inicio de cada año, a propuesta del Presidente del Tribunal. Ante la ausencia prolongada de un miembro de una Sala, previo acuerdo del Pleno, la conformación de esta es completada de manera transitoria por el Presidente del Tribunal, ocupando la posición originaria del magistrado reemplazado en la Sala”.

Según lo estipula el mismo Reglamento, el Tribunal Constitucional funciona con dos salas, que actualmente tienen la siguiente conformación: Sala 1 magistrados Manuel Miranda Canales (presidente), Eloy Espinoza-Saldaña Barrera y Carlos Ramos Núñez. Sala 2 magistrados Augusto Ferrero Costa (presidente), Ernesto Blume Fortini y José Luis Sardón de Taboada.

Es frecuente que en una de estas salas un magistrado se ausente, ya sea por enfermedad o por cualquiera otra circunstancia, con lo que las causas no alcanzan la votación estipulada. Si la ausencia es prolongada, asume la conformación el Presidente del Tribunal Constitucional, quien en razón de su cargo no conforma inicialmente sala.

La modificación se ha aprobado mediante Resolución Administrativa 067-2020-P/TC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de junio de 2020.