Otarola & Prialé Abogados

Congreso prorroga vigencia de bachillerato automático

Mediante Ley 31359, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de noviembre de 2021, el Congreso de la República extendió la vigencia del bachillerato automático hasta el año 2023.

A través de la norma citada, se modifica la décima cuarta disposición complementaria transitoria de la Ley 30220, Ley Universitaria -incorporada por el artículo único de la Ley 31183-, en los siguientes términos:

“Bachillerato automático: Los estudiantes que hayan aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales, tanto de universidades públicas como privadas, durante los años académicos 2020, 2021, 2022 y 2023, incluido el ciclo académico 2023-2, accederán a su solicitud y en forma automática a la obtención del grado académico de Bachiller, exonerándoseles de los demás requisitos establecidos en el numeral 45.1 del artículo 45 de la presente ley. Esta norma es de carácter excepcional y su vigencia está establecida en el primer párrafo de la presente disposición complementaria transitoria”.

En buena cuenta, se autoriza a que los egresados apliquen el grado de bachiller sin una acreditación previa, por ejemplo, de alguna investigación o del dominio de otro idioma. La razón principal es la presencia de la pandemia de la Covid-19, que a criterio del Congreso había hecho poco posible que los estudiantes se preparen con la rigurosidad académica que cada carrera exige.

Dictan Nuevas Medidas de Convivencia Social

Mediante  Decreto Supremo N° 168-2021-PCM el gobierno central ha actualizado las medidas que regirán a partir del 15 de diciembre próximo, en todo el país,  para impulsar la vacunación contra la Covid19.

Las principales medidas que contempla dicho decreto son las siguientes:

  1. Las empresas con más de 10 trabajadores solo podrán operar de modo presencial, si todo el personal acredita la dosis completa de vacunación contra la Covid19.
    Eso significa que para que un trabajador labore  presencialmente, deberá tener las dos dosis de vacunación. Si no cuenta con ambas, pasará a una suspensión perfecta de labores, es decir sin percibir remuneración.
    Para el caso de los trabajadores del denominado grupo de riesgo o vulnerables, se les aplicará obligatoriamente la modalidad del trabajo remoto, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, prevista hasta el 31 de marzo del 2022.
  2. Para el ingreso a espacios cerrados, se exigirá a los mayores de 18 años la presentación del carné físico o virtual, que acredite haber completado la vacunación contra la Covid19.
  3. Se deberá usar  mascarilla de manera permanente. En los restaurantes o similares, esta podrá ser retirada sólo al momento de ingerir los alimentos.
  4. Los choferes y cobradores de todo  transporte público y los que brindan servicio de delivery, podrán trabajar solo si acreditan la dosis completa de vacunación.

Nuevas medidas para evitar el contagio y propagación del coronavirus en el país.

Mediante Resolución Ministerial N°1218-2021 el gobierno central ha lanzado nuevas medidas para evitar el contagio y propagación del coronavirus. Para ello ha actualizado los protocolos de bioseguridad disponiendo que se  deje de utilizar la toma de temperatura al ingreso de locales públicos y privados.

A partir de ahora ya no será necesaria la desinfección del calzado, de calles o plazas, superficies o espacios comunitarios, con pulverizadores electrostáticos, nebulizadores, rociadores, vaporizadores o limpiadores de aire electrónicos), por no haber, todos ellos, demostrado eficacia.

Se continuará, de manera obligatoria, con el uso obligatorio de mascarillas, pero  si se trata de la mascarilla KN-95 se usará solo una. En el  caso de las quirúrgicas, la citada Resolución establece el uso de doble mascarilla de ese tipo,  para circular por las vías públicas y en espacios cerrados o donde no se puede mantener el distanciamiento. Los protectores faciales o gafas no son de uso obligatorio, los  recomienda  para espacios cerrados donde hay aglomeración de personas. No reemplaza a la mascarilla. 

En los ambientes de trabajo, medios de transporte, restaurantes o lugares con riesgo de aglomeración, recomienda que tengan ventilación adecuada, manteniendo las ventanas abiertas, y la medición de CO2 para garantizar que se han implementado las medidas adecuadas para el recambio de aire.

Se continúa con el lavado frecuente de manos  con agua y jabón o su desinfección con alcohol; y el distanciamiento físico entre las personas,  sigue manteniéndose en más de 1.5 metros.

Flagrancia y falta grave como causal de despido en reciente ejecutoria de la Corte Suprema

Mediante Casación Laboral 20518-2018 – Moquegua, la Segunda Sala de Derecho constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, precisó los alcances de la flagrancia en la comisión de falta grave laboral, como originadora del despido justificado.

Se debe recordar que el artículo 31 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97- TR establece que el empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia.

La Corte Suprema precisa que, en un procedimiento de despido, la regla general es que el empleador previamente otorgue al trabajador el derecho de defensa a través de una carta de imputación de cargos, salvo en el caso de falta grave flagrante, en cuyo caso “el empleador se encuentra obligado a actuar con inmediatez”. Agrega que “el término flagrante deberá ser entendido como todo aquello que se está ejecutando actualmente, tal como señala el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia en la Casación 780-2005-LIMA. En esta última se precisa que la regla de la flagrancia “debe tener un matiz restrictivo (…) por tanto, para esta Sala Especializada el término flagrante está ligado a la concepción Que se está ejecutando actualmente”.

En el caso materia de pronunciamiento, quedó demostrado que la empresa demandada despidió a la actora el mes de febrero de 2015, por hechos ocurridos en el mes de enero, sin respetarse la condición de flagrancia de la falta.

¿Servidores públicos tienen derecho al pago de horas extras? SERVIR lo precisa

Mediante Informe Técnico 001636-2021-Servir-GPGSC, la Autoridad Nacional del Servicio Civil se pronunció acerca del pago de horas extras a los funcionarios públicos, absolviendo una consulta del Sindicato de Choferes Asistenciales y Administrativos de Essalud, específicamente sobre la compensación por el desempeño de labores en días feriados.

En primer lugar, se debe anotar que la Corte Suprema en el Primer Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral (2012) precisa que el trabajo en sobretiempo o en horas extras es “aquel prestado en forma efectiva en beneficio del empleador fuera de la jornada ordinaria diaria o semanal vigente en el centro de trabajo”. Servir recuerda que las leyes de presupuesto de años anteriores desde el 2002 en adelante, vienen estableciendo que las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule (sea del Decreto Legislativo 276, 728 o 1057-CAS) no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras.

En el caso del año 2021 el numeral 8.7 del artículo 8 de la Ley de Presupuesto señala que las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. En mérito a dicha prohibición presupuestal, en caso de producirse en el sector público trabajo en sobretiempo u horas extras o la prestación de servicios en día feriado no laborable, ello podría ser compensado con periodos equivalentes de descanso físico, situación que no generaría gasto adicional al Estado.

En consecuencia, si un servidor público presta labor efectiva en el día feriado no laborable, corresponderá que la entidad le otorgue el descanso físico por las horas o días laborados.

Para mayor información sobre éste y otros temas legales puedes escribirnos a informes@otarolayprialeabogados.com o comunicarte al 958 477 122

Libertad personal: ¿Qué son los principios de excepcionalidad y favor libertatis?

Al respecto, el inciso 1) del artículo 9, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo causas establecidas por ley y con arreglo al procedimiento indicado en ella. Del mismo modo, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone, en el inciso 2) del artículo 7, que nadie puede ser privado de su libertad salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas.

Lo que garantizan estos instrumentos es el principio de excepcionalidad, por cuya virtud se establece que la medida limitativa de libertad más gravosa de todas, la prisión preventiva, se debe aplicar solo en casos excepcionales, extremos, en que se hace necesaria para poder llevar a cabo y asegurar los fines del proceso de investigación. Este principio tiene una relación intrínseca con otro principio de carácter procesal penal: el de necesidad, que señala que la prisión preventiva solo se podrá aplicar cuando, de la sana lectura de los actuados, es suficiente y razonable para los fines del proceso que otra medida menos gravosa -como por ejemplo la comparecencia restringida- no es suficiente para asegurar la culminación del mismo.

Conjuntamente encontramos al principio favor libertatis, que es una pauta jurídicaque orienta la elección entre los diversos sentidos interpretativos de una disposición hacia aquella que favorezca en mayor medida o maximice los derechos y libertades fundamentales del individuo. Se trata de una cláusula favorable a la libertad, que supone equilibrar el peligro procesal y el interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables jurídicamente, conjuntamente con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual.  

Para mayor información sobre éste y otros temas legales puedes escribirnos a informes@otarolayprialeabogados.com o comunicarte al 958 477 122

5 puntos esenciales para el debate constitucional

En los últimos días se ha reiterado el debate sobre la reforma constitucional, sobre el que existen varios temas jurídicos en ciernes. Uno de ellos, quizá el principal, se refiere a la propuesta de una Asamblea Constituyente y el llamado a un referéndum para que la población decida si se debe cambiar, o no, la Carta de 1993.

La Constitución de 1993 requiere de modificaciones por razones de forma y de fondo, ya que en 28 años de vigencia tiene más de 44 modificaciones que han desnaturalizado su conjunto; no es aconsejable para una adecuada técnica constitucional que una Carta Política tenga tantos artículos cambiados y disímiles puntos de vista promovidos por los legisladores de distintas épocas.

Se requiere nuevamente una visión de conjunto, la misma que debe estar reforzada por la profusa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en las últimas décadas ha expedido decenas de sentencias que requieren una compaginación constitucional, sobre todo aquellas en las que se desarrolla el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales.

En el tema de fondo, se debe debatir y ampliar la parte dogmática de la Constitución y caminar hacia el reconocimiento de varios derechos cuyo ejercicio guarda relación con la dignidad del ser humano y con las aspiraciones de la población menos favorecida, que clama por el reconocimiento de mayores espacios, por ejemplo, para los derechos económicos y sociales.

Bajo esas consideraciones, se debe discutir el contenido y reconocimiento de por lo menos los siguientes derechos con contenido constitucional, que ya han sido referidos por el Tribunal Constitucional:

  • Derecho a la alimentación de subsistencia
  • Derecho a la propiedad del suelo y del subsuelo
  • Derecho al acceso gratuito y universal a internet
  • Derecho de acceso al mercado y a la protección de los consumidores
  • Derecho a la verdad
  • Derecho a la razonabilidad y proporcionalidad en las sentencias

En lo que concierne a la parte orgánica de la Constitución o a la estructura que diseña para el Estado, encontramos un modelo político semi presidencial atenuado, que ha bloqueado las relaciones entre los poderes del Estado y no ha sido capaz de asegurar la gobernabilidad democrática. El manido debate sobre vacancia presidencial y cuestión de confianza ha trabado las relaciones inter orgánicas y convertido el debate constitucional en una pugna política, en una lucha de intereses.

No funciona, pues, en nuestro sistema constitucional el sistema de pesos y contrapesos políticos. Es el caso, por ejemplo, de la “permanente incapacidad moral” regulada por el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, como causal de vacancia del Presidente de la República. Es una figura que no tiene parámetros objetivos para su configuración. Por ello proponemos que, en estricta lectura de nuestra Constitución histórica, una reforma precise que se trata de incapacidad mental. Esta condición, conjuntamente con la incapacidad física, debidamente demostradas, pueden ser causales objetivas para la vacancia y no una subjetiva “incapacidad moral”, que es un cajón de sastre y abre paso al abuso y a la inestabilidad política del país.

TC precisa en qué consiste la debida motivación y el peligro procesal para imponer prisión preventiva

A través de la Resolución de fecha 19 de agosto de 2021, recaída en el Expediente 02926-2019-PHC/TC, el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de habeas corpus proveniente de Tumbes, al haberse acreditado la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. De esta manera anuló las resoluciones de primera y de segunda instancia que declararon fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el demandante por el plazo de diez meses.

El TC recuerda que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes y el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva.

Se debe recordar que el artículo 268 del Código Procesal Penal establece que para el dictado de la medida de prisión preventiva es necesaria la concurrencia simultánea de tres presupuestos: a) que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; b) que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). Todos estos requisitos deben ser analizados y debidamente motivados por los jueces.

El TC realiza un interesante análisis sobre el presupuesto del peligro procesal. Al respecto sostiene que el primer supuesto (el de fuga) se determina a partir del análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante el desarrollo del proceso penal y que se encuentran relacionadas, entre otros, con el arraigo domiciliario, familiar y laboral del actor en la localidad del órgano judicial que lo procesa, aspectos que crean juicio de convicción al juzgador en cuanto a la sujeción del actor al proceso.

El segundo supuesto, la obstaculización del proceso, se encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad ambulatoria respecto del resultado del proceso, mediante la influencia directa del actor en la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios, en la conducta de las partes o peritos del caso que incida en el juzgador a efectos de un equívoco resultado del proceso e incluso que de manera indirecta o externa el procesado en libertad pueda perturbar el resultado del proceso penal, aspectos de obstaculización del proceso que el juzgador debe apreciar en cada caso en concreto (STC 01133-2014-PHC/TC).

Estas consideraciones deben ser obligatoriamente evaluadas por los jueces para aplicar la medida más gravosa para la libertad individual, en este caso la prisión preventiva.

Lee la sentencia completa aquí:

https://bit.ly/3vquU93

¿Sabes en qué fechas puedes revalidar y recategorizar tu brevete? Aquí te lo contamos

A través de la Resolución Directoral 34-2021-MTC/1 de fecha 1 de octubre de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el cronograma de revalidación y/o recategorización de la licencia de conducir de Clase A y B y las licencias de conducir de categoría especial.

Así, los titulares de licencias de conducir de Clase A y B y de licencias de conducir de categoría especial, cuya fecha de vigencia fue prorrogada hasta 31 de diciembre del 2021 mediante la Resolución Directoral 29-2021- MTC/18, así como los postulantes a las referidas licencias; deben realizar el trámite para su revalidación, conforme al siguiente cronograma:

  • Licencia de Conducir de categoría especial (autorización especial para el transporte de materiales y residuos peligrosos): Mes de trámite, octubre de 2021.
  • Clase A – categoría II y III: Mes de trámite, noviembre de 2021.
  • Clase A – categoría 1 y Clase B: Mes de trámite, diciembre de 2021.

Se debe tener en cuenta que los titulares que no hayan cumplido con revalidar y/o recategorizar su licencia de conducir de clase A o B o su licencia de conducir de categoría especial, cuya vigencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2021 a través de la Resolución Directoral 29-2021-MTC/18, no podrán utilizar dichas licencias, una vez vencido el plazo de prórroga antes señalado.

Congreso publica reglamento para elección de nuevos magistrados del TC

El Congreso de la República publicó la Resolución Legislativa 001-2021-2022-CR, que aprueba el reglamento de selección de candidatos para magistrados del Tribunal Constitucional. Las etapas abarcan la evaluación curricular; el informe de la Contraloría sobre la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, así como la declaración jurada para la gestión de conflictos de intereses; entrevista personal;  evaluación y determinación del cuadro de méritos; publicación de la relación de candidatos aptos, del cuadro de méritos y del acta respectiva; entrega al presidente del Congreso del informe que contiene la relación de candidatos aptos y la motivación del puntaje final, según la tabla de calificación o los criterios que apruebe la Comisión Especial; y, finalmente, la elección en el Pleno del Congreso.

En cuanto a los requisitos exigidos a los candidatos, se establece ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; mayor de 45 años; haber sido magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo, o magistrado superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años; no ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso; tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral, y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional.

Un aspecto que ha generado controversia es la distribución del puntaje para la calificación de los postulantes. El puntaje máximo a alcanzar es de 100 puntos, de los cuales la evaluación curricular es de 60 puntos como máximo y la entrevista personal de 40. Es decir, el peso de la entrevista personal, que al final es una evaluación subjetiva de los congresistas, va a decidir finalmente quiénes serán los candidatos aptos.

La selección de candidatas o candidatos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional tiene como marco normativo general el artículo 201 de la Constitución Política del Perú; la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; el artículo único de la Ley 31031, Ley que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para garantizar la elección meritocrática y transparente de magistrados del Tribunal Constitucional; y los artículos 6, 64 y 93 del Reglamento del Congreso de la República, que tiene fuerza de ley.

Accede al documento completo aquí:

https://bit.ly/3iwTzna