Autor: admin

Mediante la Ley 31556, publicada el 12 de agosto de 2022 se dispuso la reducción de la tasa del pago del impuesto general a las ventas (IGV) y estableció una tasa especial y temporal denominado “8% del IGV para Rescatar el Empleo”. La medida favorece a las micro y pequeñas empresas dedicadas a las actividades de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarios de alimentos, con la finalidad de apoyar la reactivación económica de este segmento.

La norma alcanza a las personas naturales o jurídicas perceptoras de rentas de la actividad empresarial y que tengan como actividad principal: restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos. La actividad principal comprende a los sujetos de las actividades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios de dichas actividades representan, por lo menos, el 70 % de sus ingresos.

En concreto, solo acceden a los beneficios de ley las micro y pequeñas empresas afectas al IGV, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, que aprueba el TUO de la Ley de impulso al desarrollo productivo al crecimiento empresarial. No están comprendidas las empresas que, no obstante cumplir con las características definidas en la norma, conformen grupo económico que en conjunto no reúnan tales características, tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros.

Finalmente, las operaciones de venta de bienes y servicios que realicen los sujetos arriba especificados ley están gravadas excepcionalmente con la tasa del IGV de 8 %. Esta tasa estará vigente desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la ley hasta el 31 de diciembre del 2024.

El 13 de agosto de 20220 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 31557, “Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia”. La norma regula esta actividad económica, crea el impuesto a los juegos a las apuestas deportivas a distancia, designa a la autoridad administrativa competente y establece las infracciones y sanciones aplicables.

La norma establece que el MINCETUR es la autoridad administrativa que regula, autoriza, revoca, fiscaliza y sanciona la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Por tanto, será el ente que expida y revoque los actos administrativos que se derivan de la aplicación de la ley; dicte medidas correctivas y cautelares; y determine la comisión de infracciones administrativas y las sanciones correspondientes.

La norma establece que las personas jurídicas constituidas en el Perú, sus sucursales y las personas jurídicas constituidas en el exterior, deben solicitar una autorización para la explotación de plataformas tecnológicas para los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia.

En el caso de las empresas del extranjero, deben solicitar una autorización para la explotación en el Perú de plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia. La alícuota del impuesto es del 12% de la base imponible y la SUNAT será la entidad pública administradora del impuesto.

Los ingresos provenientes del Impuesto, luego de la aplicación del porcentaje que corresponde a la SUNAT y el Tribunal Fiscal, se distribuyen de la siguiente manera:

a) 20% constituye ingresos del Tesoro Público.

b) 20% transferido al Ministerio de Salud, destinándose al programa de salud mental.

c) 40% constituye Recursos Directamente Recaudados del MINCETUR. debiendo el veinticinco por ciento (25%) destinarse a labores de control y fiscalización de la explotación de plataformas tecnológicas de los juegos y/o apuestas deportivas a distancia y el setenta y cinco (75%) restante a la promoción y desarrollo turístico.

d) 20% constituye ingreso del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Para promoción y masificación del deporte a nivel nacional.  

El martes 16 de agosto de 20220 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 31561, “Ley de prevención del cáncer en las mujeres y del fortalecimiento de la atención especializada oncológica”. La norma regula las medias complementarias para la prevención del cáncer en las mujeres, el control y atención especializada del cáncer de mama y de cuello uterino, así como de otros diagnósticos oncológicos de la población en general, con la finalidad de obtener diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación adecuados y oportunos.

La ley es aplicable a nivel nacional a todas las instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas que tengan por objeto brindar servicios de salud oncológica. Sus principales disposiciones son:

• Las mujeres trabajadoras de la actividad pública y privada, incluida la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, tienen derecho a un día al año de licencia con goce de haber, cuando concurran a realizarse los exámenes de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino.
•  Las aseguradoras, sean públicas o privadas, incorporan en sus planes de seguro, si lo requiere indicación del médico tratante lo siguiente:

a) Cirugía reconstructiva para las pacientes con cáncer de mama que hubieran tenido una mastectomía parcial o total.

b) Procedimientos quirúrgicos que contemplen la posibilidad de dispositivos médicos según el tipo de cáncer que padezca el paciente.

c) Tratamientos especializados que contribuyan a la rehabilitación física, psicológica y psiquiátrica.

• Los establecimientos de salud públicos o privados establecen un procedimiento para la atención prestacional prioritaria de los pacientes con diagnóstico oncológico.
• El titular del establecimiento de salud designa a un responsable de la atención prioritaria del paciente con diagnóstico oncológico, con el objetivo de brindar una atención oportuna y eficiente, con el fin de emitir una alerta oncológica del diagnóstico definitivo e inicia el tratamiento en el más breve plazo.
• Los organismos del Estado deben implementar programas de apoyo dirigidos a los cuidadores familiares de los pacientes con cáncer de mama y cuello uterino, así como otras formas de cáncer que padecen fundamentalmente las mujeres.

Una sentencia expedida por un juez especializado en lo civil ha abierto un debate jurídico acerca de la identidad en el Perú. Se trata de una demanda interpuesta por una persona transexual, que solicitó se ordene a RENIEC que proceda a inscribir en su partida de nacimiento y DNI el cambio de su sexo de femenino a masculino y también el cambio de su nombre.

El juez del juzgado civil de San Juan de Miraflores de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, magistrado Frank Paul Flores García, mediante sentencia, de fecha 28 de junio de 2022, declaró fundada la demanda y, efectivamente, ordenó al RENIEC la inscripción de estos nuevos datos. El magistrado acogió la solicitud del demandante luego de haber examinado los hechos que sustentaban la pretensión, así como los medios de pruebas, especialmente, el protocolo de pericia psicológica, ratificado y explicado en audiencia, que determinan que el demandante es una persona transexual que, desde su infancia, se identifica con el género masculino; y, que, con el fin de lograr alcanzar la armonía entre su identidad de género y sus características físicas, viene realizándose tratamientos hormonales; de manera que, vive y siente como una persona de género masculino.

El Poder Judicial ha recordado que la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos garantizan y protegen el derecho humano a la identidad personal, el cual comprende su derecho a la identidad de género, reconocido expresamente por el legislador peruano en distintos textos legales, por ejemplo, el artículo 323 del Código Penal, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1323, que tipifica el delito de discriminación e incitación a la discriminación.

Finalmente, al haberse preferido la aplicación de la norma constitucional (derecho a la identidad de género), frente a una norma ordinaria, pues las normas que regulan las funciones del RENIEC disponen que los documentos de identidad como la partida de nacimiento y el DNI deben consignar el sexo del titular (entendido en el sentido biológico), se dispuso que, para la ejecución de la sentencia, esta sea elevada y aprobada en consulta por la sala superior.

Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 1313-2022-MP-FN, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 3 de julio de 2022, la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, dispuso la conformación del denominado “Equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder”, el mismo que tendrá competencia nacional.

Este nuevo grupo de fiscales, que estará a cargo de un fiscal superior coordinador,  conocerá a dedicación exclusiva la investigación de los delitos corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y conexos cometidos en ejercicio del poder obtenido por elección popular o designación. La competencia de este grupo tiene que cumplir los siguientes presupuestos concurrentes: i) el hecho debe comprender la competencia de dos o más subsistemas de fiscalías especializadas; ii) Los investigados deben ser funcionarios que se caractericen por haber ejercido poder, por elección popular o designación; y iii) debe existir una dificultad en la búsqueda de pruebas debido al rasgo de uso del poder, por elección popular o designación, en la comisión del delito.

Se debe recordar que el artículo 65.4 del Código Procesal Penal regula que el fiscal es quien decide la estrategia de investigación adecuada al caso y el artículo 63.2 de dicha norma procesal señala que le corresponde al Fiscal de la Nación distribuir las funciones de los integrantes del Ministerio Público. Específicamente, el marco legal para esta determinación está en el  artículo 80-A de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que regula la figura de los equipos especiales para casos complejos, estableciendo que deberá tratarse de hechos delictivos sancionados con pena privativa de la libertad no menor de cuatro años; que haya conexión entre ellos; que se sigan contra más de diez investigados, o en agravio de igual número de personas; y, que por las características de los hechos se advierta una especial dificultad en la búsqueda de las pruebas.