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Régimen CAS: TC precisa que artículos de Ley 31131 que no son inconstitucionales se aplican de manera inmediata

Mediante auto recientemente publicado, recaído en el Exp. 00013-2021-PI/TC, el Tribunal Constitucional declaró que los extremos de la Ley 31131 que no han sido declarados inconstitucionales, como son el primer y tercer párrafo del artículo 4 y la Única Disposición Complementaria Modificatoria, se aplican inmediatamente a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al tiempo de la entrada vigencia de dicha norma.

Ello ante un pedido de aclaración del SERVIR, que consultó si los criterios establecidos en la sentencia del TC resultan de observancia obligatoria para las entidades del sector público, es decir, si la modificación de los artículos 5 y 10 del Decreto Legislativo 1057, relacionados a la duración y extinción del contrato administrativo de servicios (CAS), se aplica únicamente a los contratos que se suscribieron a partir de la entrada en vigencia de la Ley 31131 (10 de marzo de 2021);

El TC añade, al respecto, que en la sentencia se declaró fundada en parte la demanda, estimándola respecto de los artículos 1, 2, 3, 4 (segundo párrafo), 5 y las Disposiciones Complementarias Finales de la mencionada ley. Los restantes extremos de la ley sometida a control no fueron declarados inconstitucionales, toda vez que no se alcanzaron los cinco votos conformes, requisito que impone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

En tal sentido, y por dicha razón, el primer y tercer párrafo del artículo 4 y la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 31131, mantienen su vigencia en el ordenamiento. Para decirlo de manera directa, el TC ha dispuesto que los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, y que la regla se aplica tanto a los preexistentes a la vigencia de la norma, como a los suscritos luego de la publicación de la misma.

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Mediante Resolución publicada el 14 de diciembre de 2021 (STC 0013-2021-PI/TC), el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 31131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación laboral en el sector público.

Para el TC, en general, la Ley 31131 “no solo refuerza el tratamiento desarticulado y sin la debida planificación que todavía subsiste en la gestión de recursos humanos en el Estado, sino que, además, al no tener el respaldo del Poder Ejecutivo, quien es el poder estatal titular de la competencia constitucional para diseñar y dirigir la política laboral pública (artículo 118, inciso 3, de la Constitución), deviene en inconstitucional” (FJ 16). También, sostiene, la norma contraviene la naturaleza del servicio civil meritocrático, el mismo que constituye uno de los pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública, por lo que es inconstitucional (FJ 47).

Si bien el sentido de la votación es enrevesado, aquí resumimos la parte sustantiva de la sentencia. La Ley 31131, que data de marzo de 2021, tiene 5 artículos, 2 disposiciones complementarias finales y 1 disposición complementaria modificatoria única. El TC ha declarado inconstitucionales los artículos 1, 2, 3 y 4 (únicamente en su segundo párrafo) y 5, así como la primera y segunda disposiciones complementarias finales. En consecuencia, son constitucionales, es decir mantienen su plena vigencia normativa, el primer y tercer párrafo del artículo 4, y la disposición complementaria modificatoria única. ¿Qué dicen estas normas?

El primer párrafo del artículo 4 dice lo siguiente: “Desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada”. Mientras que en el párrafo 3 se lee: “Quedan exceptuados de los alcances de la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza”.

Igualmente, la disposición complementaria modificatoria única dispone lo siguiente: “Modifícanse los artículos 5 y 10 del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, en los siguientes términos: Artículo 5.- Duración: El contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Artículo 10.- Extinción del contrato: El contrato administrativo de servicios se extingue por: […] f) Decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador”.

En resumen, los trabajadores del Estado que se encuentren con contrato CAS vigente, conservan el beneficio del plazo indeterminado y solo podrán ser despedidos conforme a la naturaleza laboral de la causa justa, vale decir, por las razones referidas a la capacidad o a la conducta del trabajador; en ambos casos por circunstancias debidamente comprobadas y en el marco del debido proceso laboral.

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