En la sesión de Pleno del viernes 3 de julio de 2020, el Congreso de la República aprobó el dictamen que regula el nuevo proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. La norma, que fue exonerada de segunda votación, modifica los artículos 8 y 11 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y establece nuevas condiciones tanto para el proceso que conducirá el Congreso, como para los requisitos que deberán cumplir los postulantes.
Las nuevas reglas establecen que los miembros del TC -que está integrado por siete magistrados- son designados por el Congreso de la República a través de un proceso de selección en base a un concurso público de méritos, con el voto a favor de los dos tercios del número legal de sus miembros. Se debe recordar que el modelo abrogado contemplaba la selección por invitación, regla que puede propiciar los acuerdos por consenso y además daba paso a la posibilidad de convocar a juristas reconocidos, que muchas veces se han negado a concursar por la posibilidad de quedar desairados.
El nuevo proceso, que en realidad es el mismo que existía hasta antes del modelo por invitación, contempla que el Pleno del Congreso designa una Comisión Especial integrada por un representante de cada grupo parlamentario, que propone el reglamento del proceso de selección en base a un concurso público de méritos, que es aprobado mediante Resolución Legislativa.
Los postulantes pueden presentarse individualmente o ser propuestos por los colegios profesionales nacionales o facultades de derecho de universidades públicas o privadas debidamente acreditadas. Luego se publica la relación de las candidaturas presentadas con las hojas de vida, otorgando un plazo de diez días hábiles a fin que los ciudadanos puedan formular tachas contra los candidatos.
Resueltas las tachas, la Comisión Especial cita en un plazo no mayor a tres días hábiles a los candidatos para la entrevista personal sobre su trayectoria personal, académica y profesional, así como su posición sobre temas de relevancia nacional y compromiso con el sistema democrático e idoneidad moral para el cargo. Luego los selecciona garantizando, según lo prevé la norma, los principios de igualdad y no discriminación, a través de procedimientos transparentes, imparciales y de meritocracia.
Se debe observar que se han agregado dos requisitos para los postulantes. El primero es no ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso y el segundo es tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional. Aun cuando no se puede objetar la legitimidad de la redacción, sí puede surgir en cambio una objeción concreta, que la dejamos planteada en la siguiente interrogante: ¿Cómo se medirá objetivamente la “idoneidad moral” o la “probada trayectoria democrática”? ¿No dará más bien pie al subjetivismo y el abuso? Esperemos que no.
