El gobierno aprobó, mediante Decreto Supremo 010-2020-JUS el “Protocolo intersectorial para la participación del Estado peruano ante los sistemas de protección internacional de derechos humanos».
El Perú, en tanto miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, ha asumido el compromiso de colaborar con los órganos de los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. En esa medida, el Estado ha ratificado tratados y ha reconocido instrumentos internacionales que establecen diferentes formas de colaboración con dichos órganos. Por ejemplo, conforme se encuentra establecido en determinados tratados de derechos humanos, el Estado peruano se ha comprometido a presentar informes periódicos sobre las medidas legislativas, judiciales o administrativas que permitan dar cuenta sobre los avances y desafíos en la implementación de dichos tratados, así como informar y hacer seguimiento de las recomendaciones recibidas para mejorar la situación general en el país.
Asimismo, el Estado peruano ha brindado su consentimiento para la realización de misiones y visitas en el país con el propósito de recibir asistencia técnica de expertos y visibilizar los avances y los retos para la protección de los derechos humanos. De la misma forma, el Perú colabora con los diversos organismos internacionales atendiendo cuestionarios para estudios temáticos y recibe comunicaciones preventivas.
El protocolo publicado tiene por objetivo la articulación de los diversos sectores a fin propiciar la implementación de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos El presente protocolo intersectorial constituye un instrumento de alcance nacional que orienta a las entidades del Estado, promoviendo la articulación conjunta en los procesos de relacionamiento con estos mecanismos a través de diversos procedimientos.
Además, busca fortalecer la incorporación de diversos principios y enfoques en las políticas nacionales, al consolidar el registro, el seguimiento y el reporte de la implementación de las obligaciones internacionales y el seguimiento de las recomendaciones.
Ahora las entidades del Estado, en el marco del trabajo que realicen a consecuencia de las obligaciones internacionales del Perú, deberán priorizar el reconocimiento de la persona, sus necesidades y sus derechos, de manera que tales acciones estatales contribuyan al respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos, conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de las convenciones y los instrumentos internacionales ratificados y reconocidos por el Estado peruano.
Lee el protocolo completo aquí: