A través de la STC 04594-2017-PA/TC, de fecha 22 de febrero de 2022, el Tribunal Constitucional estimó una demanda de amparo en la que se reclamó el pago del valor actualizado, más los intereses legales del justiprecio por concepto de la expropiación de un bien inmueble, cuyo valor nominal fue endosado a una persona distinta al sujeto pasivo de la expropiación.
El TC precisa que el derecho de propiedad garantiza la existencia e integridad de la propiedad (corporal o incorporal) para el propietario, así como la participación del propietario en la organización y el desarrollo de un sistema económico-social. De ahí que en el artículo 70 de la Constitución se reconozca que el “derecho de propiedad es inviolable” y que el “Estado lo garantiza”. Por ello, el derecho de propiedad faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando, a través de su uso, se realice la función social que le es propia.
En este orden de ideas, el derecho de propiedad es: a) un derecho pleno, en el sentido de que le confiere a su titular un conjunto de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; y b) un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende de la propia voluntad del titular y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero. Finalmente, para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 70 de la Constitución, debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, limitarse a los casos y practicarse según las formas establecidas por la Constitución y la ley.
En el caso concreto, el TC declaró fundada la demanda y anuló el acto de endoso que implicó la vulneración del derecho a la propiedad de los demandantes,