A través del Decreto Supremo 038-2021-PCM, el gobierno aprobó un documento de gestión muy importante. Se trata de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050.
El documento recuerda que el Perú está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y tiene una gran variedad de potenciales peligros que han llevado a su población a convivir a lo largo de su historia con múltiples escenarios de riesgo. Las pérdidas sufridas en el país en las últimas dos décadas a consecuencia de emergencias y desastres ocurridos muestran cifras de alrededor de los 4 mil millones 196 mil dólares, en pérdidas económicas. Por ejemplo, los daños causados por el Fenómeno El Niño Costero 2017 superaron los US$ 3 100 millones, lo que equivale al 1,6% del PIB. En el período del 2003 al 2017, las emergencias y desastres dejaron un saldo de 2 mil 682 personas fallecidas, alrededor de 9 mil 131 lesionadas y 369 desaparecidas.
De acuerdo con la información brindada por INDECI, solo entre el 2003 y el 2017 se han presentado en el país un aproximado de 69 mil 419 emergencias y desastres, que se presentan con diversos valores de magnitud, intensidad y amplio ámbito de efectos e impacto a lo largo de todo el territorio nacional, habiendo generado un total de 1 millón 935 mil 448 damnificados y 16 millones 404 mil 234 afectados.
La política aprobada desarrolla una serie de ejes y busca que en el 2050 la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio, se vea reducida en un 20 % de pérdidas económicas directas atribuidas a emergencias y desastres en relación con el producto interno bruto; asimismo se espera reducir al 13% el porcentaje de viviendas ubicadas en zonas de muy alta exposición a peligros; al 11.9% de la infraestructura de servicios públicos ubicados en zonas de muy alta exposición al peligro; que el 100% de la población sea atendida ante la ocurrencia de emergencias, así como los servicios públicos básicos rehabilitados por tipo de evento de nivel de emergencia.
Para ello la política busca lograr una mayor cultura de prevención en la población, a través de: i) la obtención de mejoras en la comprensión del riesgo de desastres Estado para optimizar la toma de decisiones, ii) mejorar las condiciones de ocupación y uso del territorio ante el riesgo de desastres, iii) fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la inversión pública y privada, iv) mejorar la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres a nivel territorial, v) asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres y, vi) mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres.
Accede al documento completo aquí: https://bit.ly/2OhyoJy